El artículo no expresa las opiniones o posiciones de los traductores. El artículo es una versión traducida del artículo que se encuentra a continuación:
Escritor original: Katherine Smith
Traducido por: Maria Jose Aguilar Prieto
Como sociedad, estamos pasando por una gran estimación de asalto sexual. Con tantas víctimas que vienen después de años de silencio, abundan las conversaciones acerca de cómo dirigirse hacia sus declaraciones de abuso. Con los casos particulares de Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Matt Lauer, Louis C.K., Russell Simmons y otros, el discurso público sobre los abusos particulares de estos hombres tendió a circular acerca de por que sus víctimas decidieron hablar años más tarde, con la intención de formular excusas para declarar a los acusados inocentes. Esta urgencia de proteger a los depredadores sexuales no es un fenómeno reciente. Aun así, el poder de atraer conocimiento a este hecho y la posición de perro guardián del movimiento social #MeToo ha cambiado el guión, con la reacción errónea de desconfiar de estos supervivientes que fueron examinados con severidad.
En esta ocurrencia de sobrevivientes presentando sus acontecimientos de abuso, hay casi una misma reacción de aquellos opositores que se preguntan porque les tomó tanto tiempo hablar. Es por esta razón que es tan importante entender, al igual que respetar, el derecho de silencio y de privacidad que estos sobrevivientes tienen, especialmente en los campus universitarios.
En el contexto universitario, el silencio es una de las pocas opciones que los sobrevivientes tienen. El marco institucional para apoyar y proteger a las víctimas, incluyendo el Título IX y el Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act [Acta de Divulgación de la Política de Seguridad del Campus y Estadísticas de Delitos en Campus Jeanne Clery], pueden perjudicar en lugar de ayudar. Aun con sus buenas intenciones, el Acta Clery busca actualizar a todos los estudiantes de cualquier tipo de violencia que comprometa a algún compañero. Esta transparencia es alabada por aquellos que apoyan el Acta, pero igualmente causa que los sobrevivientes sufran los efectos colaterales. Tal cual dicho por una editorial previa acerca del mismo tema, la naturaleza del reportaje obligatorio que tienen los “empleados responsables”, personas empleadas por una universidad pública, obliga a los confidentes de las víctimas, tanto asesores residentes como profesores, a levantar un reporte de falta de conducta. Este reporte es mandado a toda la comunidad estudiantil, exhibiendo una experiencia íntima de abuso en una manera muy pública. Esta experiencia es traumática por sí misma.
De igual manera, el proceso judicial del Título IX puede ser insoportable. La Dear Colleague letter [carta del Querido Colega], emitida por la Oficina de Derechos Civiles en 2011 durante la administración de Obama, recomienda que las universidades le dediquen un aproximado de 60 días a las declaraciones de violaciones del Título IX. Aun así, esta no parece ser la situación en la mayoría de los casos. En la Universidad de Harvard, estudiantes periodistas descubrieron que las investigaciones del Título IX tomaban un aproximado de cuatro meses para ser resueltas. Además, sobrevivientes acudiendo a la Oficina de Derechos Civiles por retrasos u obstrucciones de justicia se toparon con todavía peores tiempos de espera. En 2014, la Oficina de Derechos Civiles se tomó 1,469 días para completar investigaciones acerca de asalto sexual en campus.
Tanto el retraso de justicia como la experiencia del proceso judicial pueden afectar al sobreviviente. Como un asesor residencial y sobreviviente de asalto sexual de la Universidad de Arkansas dijo, “eso fue, hasta ahora, la peor experiencia de toda mi vida”. Ella describe el proceso físico de la investigación como “peor que el asalto” por sí mismo, resumiendo su experiencia como “el sentimiento de que sus acontecimientos del asalto sexual no solo estaban siendo dudados, si no también ‘denegados de manera agresiva’ por el panel”. Ella ingresó el proceso judicial del Título IX después de haber accidentalmente admitido que aquel asalto había tomado lugar a un reportero obligatorio, lo cual trajo una investigación que ella no quería.
La desafortunada realidad es que estas leyes son actualmente las mejores opciones ofrecidas a estas víctimas en campus, con todo y sus fallas, aunque es muy tentador clasificar el Título IX y la Acta Clery como ineficaces. Conocer las dificultades del proceso es crucial para entender una fracción de la razón por la que las víctimas deciden reportar (o no) sus casos. En general, es muy importante no minimizar las razones por las que un sobreviviente decide reportar su caso o mantener el silencio al respeto, estas decisiones únicamente le pertenecen al sobreviviente.
Después de pasar por una violación, los sobrevivientes merecen tener el derecho a su propio cuerpo y la agencia reafirmada. Es demasiado sencillo para aquellos que buscan perdonar al violador generar razones despreocupadas en contra de los sobrevivientes. Sean sus declaraciones, sus motivos, su historia, o el momento en el que decidió reportarla. Como aliados, tenemos que confiar en las decisiones que cada sobreviviente toma por decisión propia, dando a conocer que el silencio y la privacidad pueden ser lo que ella desea.
Katherine Smith es una columnista principal de opinión para The Cavalier Daily. Puede ser contactada por correo electrónico a k.smith@cavalierdaily.com.
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