El artículo no expresa las opiniones o posiciones de los traductores. El artículo es una versión traducida del artículo que se encuentra a continuación: enlace
Escritora original: Haylee Ressa
Traducido por: Sam Liss e Isabella Sheridan
Investigaciones en curso por los profesores de la Facultad de Derecho recalcan la tasa creciente de personas que sufren de demencia en las prisiones tanto federales como estatales. Estas investigaciones siguen con lo que no se incluyó en un reporte publicado el 15 de Junio intitulado “Personas que Viven con Demencia en el Sistema Judicial Penal” escrito por la Comisión sobre la Ley y el Envejecimiento de la Asociación Estadounidense de Abogados en sintonía con su objetivo de asegurar los derechos legales de la población mayor.
La demencia es un empeoramiento en la función cognitiva que típicamente interfiere en la vida cotidiana, tal como la habilidad de razonar o recordar. Es común dentro de la población mayor, personas de más de 65 años, y aproximadamente un tercio de los estadounidenses de más de 85 años tienen esta condición.
Richard Bonnie, el director del Instituto de la Ley, la Psiquiatría y la Política Pública y un profesor de la Fundación Harrison de la ley y la medicina, trabajó en el reporte en el Instituto Universitario de la Ley de la Psiquiatría y la Política Pública. Colaboró con Lucy Guarnera, una profesora asistente de la Psiquiatría y las Ciencias del Comportamiento Neurológico, y Sarah Leser, una especialista de las investigaciones del Instituto de la Ley de la Psiquiatría y la Política Pública.
Guarnera se volvió interesada en el proyecto al darse cuenta de la diferencia en el progreso sobre las provisiones psicológicas dentro de los sistemas judiciales para los adultos mayores.
“El sistema legal por más o menos los últimos 50 años ha creado continuamente más y más protecciones para los menores en el sistema judicial penal y personas con enfermedades mentales en el sistema judicial penal”, dijo Guarnera. “Se dejaron colgados en cierto punto a los adultos mayores y a los adultos mayores con demencia, y se les han prestado menos atención. Este problema con los adultos mayores con demencia en el sistema judicial penal ha crecido y con rapidez”.
La tasa creciente de demencia en las poblaciones encarceladas coincide con un surgimiento de personas encarceladas geriátricas y tal vez indica un problema creciente para el cuidado médico en los sistemas de las prisiones.
Hay un número creciente de personas encarceladas con más de 50 años. Notablemente esta es la edad en la que se etiqueta un prisionero como geriátrico debido a la tasa más rápida del envejecimiento que se ve comúnmente en las personas encarceladas de toda la vida.
Como consecuencia de los castigos criminales más severos y los términos de sentencia más largos a nivel nacional en las décadas de 1980 y 1990, hubo un gran movimiento en la edad promedio de las personas encarceladas. 22,8 por ciento de los prisioneros confinados tenían 50 años o más en 2019, según el Reporte Anual 2021 del Departamento de Correctivos de Virginia.
Los legisladores y los funcionarios médicos se enfrentan ahora con la cuestión de cómo manejar las crecientes tasas de personas que sufren de demencia, ya que se espera que aumente la demencia en la población penitenciaria. Guarnera señaló que el acceso al tratamiento y a los entornos favorables para los que padecen de demencia es especialmente difícil en el ámbito penitenciario.
“Las cárceles y los centros penitenciarios son entornos con muchas reglas”, dijo Guarnera. “Puedes imaginarte a alguien... que tiene esa desinhibición conductual que puede venir con la demencia, en la que puedes actuar o gritar o no ser capaz de controlar tu comportamiento, no se puede hacer en un entorno carcelario. [Esos comportamientos] te meten en problemas, te pueden hacer daño y te pueden sancionar”.
El informe de la Asociación Americana de Abogados recomienda la realización de exámenes de demencia a los detenidos y encarcelados. El Centro Médico Federal en Devens, Massachusetts, abrió la primera Unidad de Trastornos de la Memoria para personas en la cárcel con demencia en 2019, y otros estados siguieron su ejemplo. Estas unidades especializadas tienen personal médico capacitado y siguen el modelo de las unidades de demencia de los hogares de ancianos. Algunas instalaciones incluso tienen programas para proveer entrenamiento a personas encarceladas más jóvenes para poder cuidar a las personas con demencia.
Sin embargo, como estas unidades aún no están disponibles de forma generalizada, muchas personas encarceladas con demencia son puestas en aislamiento. Otros presentan peticiones de libertad compasiva, una disposición legal que permite la liberación de una persona en una prisión federal en circunstancias extraordinarias no presentes en el momento de la sentencia.
La defensora pública federal Andrea Harris trabaja en casos de libertad compasiva en la Clínica de Reducción de Sentencias Penales Federales de la Facultad de Derecho.
“Hasta ahora no hemos presentado ninguna moción de libertad compasiva para personas con demencia”, dijo Harris. “Pero, eso es definitivamente algo que haríamos o podríamos hacer si nos encontráramos con ese tipo de situación... Uno podría hacer una solicitud por escrito al directorio y pedirles que presenten una de estas mociones en nombre del preso”.
Este problema de cómo manejar el creciente número de personas encarceladas con demencia se encuentra en la intersección entre los procedimientos médicos y judiciales del sistema. El tratamiento de las personas encarceladas con demencia trae cuestiones bioéticas, de derechos humanos y de derechos civiles. Aunque el informe ha concluido, otros miembros del Instituto de Derecho, Psiquiatría y Políticas Públicas continuarán su investigación, centrándose ahora en la aplicación de posibles soluciones en Virginia específicamente, dijo Guarnera.
La estudiante de tercer año de Derecho Amalia García-Pretelt dijo que existe un impulso entre los estudiantes de la Facultad de Derecho para centrarse en este tipo de trabajo y cuestionar el sistema legal. Los estudiantes de la Clínica de Reducción de Sentencias Penales Federales trabajan en casos de liberación compasiva para personas encarceladas, centrándose principalmente en la comunidad de Albemarle.
“Es un momento emocionante en la facultad de derecho específicamente, ya que hay mucho interés en los fondos públicos y en el trabajo con personas en la cárcel”, dijo García-Pretelt. “Me gustaría que las personas en general y la gente en la escuela de derecho, específicamente las personas que quieren ser fiscales y potencialmente poner a la gente en la cárcel, supieran más y entendieran que las personas encarceladas son personas como el resto de nosotros”.
Corrección: Una versión anterior del artículo se refirió a Amelia Garcia-Pretelt como una estudiante de derecho de segundo año. Garcia-Pretelt es una estudiante de derecho de tercer año, y el artículo fue actualizado para reflejar esto.
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