Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por el Consejo Editorial el 2 de abril de 2025. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no podemos garantizarlo.
Corrección: Debido a un error de publicación, un borrador inacabado de este editorial originalmente fue publicado el 2 de abril. Ese borrador no reflejaba las finales deliberaciones del Consejo Editorial y ha sido reemplazado con la versión finalizada que se publicó en nuestra edición impresa del 3 de abril.
Todos los ojos están puestos en los campus universitarios, a medida que el gobierno federal intensifica en la inmigración—particularmente los estudiantes no ciudadanos. Con las fuerzas de inmigración pululando por los campus, el miedo ha tomado el control. Las acciones de la administración Trump dejan claro que el uso de fuerza contra los estudiantes no ciudadanos es parte de su amplia agenda de quitar los derechos protegidos constitucionalmente a la expresión libre. Pero los estudiantes de Grounds no se han muy rápido de rendirse. Cientos de estudiantes y profesores protestaron en Madison Hall la semana pasada para pedir mayores protecciones para los estudiantes internacionales. Es esencial que la Universidad cuidadosamente preste atención a esas reivindicaciones y se comprometa a proteger a los estudiantes no ciudadanos y sus derechos a la libre expresión.
Los no ciudadanos se convierten en los fáciles blancos de la misión de poner mano dura en las universidades. Están sujetos a un sistema enrevesado de derechos políticos y en peligro de deportación. Al utilizar estas leyes turbias a su ventaja, la administración Trump llevó a cabo una serie de medidas draconianas que se han filtrado en la educación superior. Esto inculca un clima de incertidumbre, con los estudiantes no ciudadanos y la facultad temiendo que su estatus en Grounds esté en peligro si llega otra orden ejecutiva indignante.
Los estudiantes en Grounds ya comenzaron a parecer con esta realidad. Las elecciones del Consejo de Estudiantes de este año vieron unas plataformas con promesas de ampliar los Servicios Legales Estudiantiles para cubrir a los estudiantes no ciudadanos. De modo parecido, la Oficina de Estudiantes Internacionales se enfocó en aconsejar a los estudiantes sobre la renovación de sus estatus y la planificación de viajes de regreso, asegurando información continuada en un tiempo de incertidumbre. Y el 26 de marzo, los estudiantes abandonaron las clases en parte para defender a los estudiantes no ciudadanos. El acoplamiento de las organizaciones protegiendo a los estudiantes internacionales y los estudiantes internacionales defendiendo sus iguales enfatiza la importancia del apoyo de las bases y institucionalizado para los estudiantes no ciudadanos.
Y este miedo es bien fundado debido al patrón cada vez más preocupante surgiendo en los otros campus. Mahmoud Khalil, titular de la tarjeta verde y estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, fue detenido y se enfrenta a la deportación por liderar protestas propalestinas. La semana pasada, las fuerzas de inmigración llevaron a cabo una operación para detener a una estudiante turca fuera de su casa en Boston. Y la campaña se extiende más allá de los estudiantes. Un profesor adjunto de la Universidad de Brown fue deportado contra las órdenes de un juez a pesar de poseer una visa válida. Mientras tanto, un nacional indio y profesor de la Universidad de Georgetown fue detenido y considerado “deportable.” Él aún ha sido acusado de un crimen. El hilo común entre todos de estos casos es una violación descarada de los derechos non ciudadanos.
En sus frenos a la inmigración, la administración no sólo ha violado los derechos de estudiantes, sino que también ha negado los beneficios que la comunidad internacional tiene en los campus. Desde una perspectiva económica, los estudiantes internacionales contribuyen $44 billones a la economía a través de los costes de alojamiento, la matrícula y las tasas, apoyando miles de trabajos a pesar de constituir una fracción de la población estudiantil en los Estados Unidos. Más allá de las cuestiones económicas, los estudiantes no ciudadanos son esenciales a la fábrica de universidades. Las barreras lingüísticas y las diferencias culturales nos ayudan a aprender a desarrollar una perspectiva multicultural que tenga en cuenta la diversidad del mundo. Durante este tiempo, la Universidad debe abrazar su misión de facilitar un entorno de aprendizaje residencial vibrante vinculado a una comunidad diversa.
Para muchos no ciudadanos, la cultura académica estadounidense sigue siendo un emblema del éxito y la excelencia. Sólo la Universidad tiene una plétora de profesores y estudiantes no ciudadanos que siempre están por encima de su peso en Grounds. Los estudiantes no ciudadanos son premiados regularmente por ambos su excelencia académica y liderazgo. La Universidad fomenta la participación no ciudadana a través de departamentos y becas dedicados a sus necesidades complejas. La Universidad también ha liderado la lucha de expandir la ayuda financiera a los estudiantes no documentos. A pesar de estas acciones pasadas, el panorama actual para los estudiantes no ciudadanos significa que la continuación de estas protecciones es vital, aunque sea más difícil de garantizar.
En este momento crucial, la Universidad debe actuar como una muralla defensiva contra las políticas que amenazan la libertad académica. No proteger a nuestros estudiantes no ciudadanos representa un retroceso radical. La administración debe reafirmar nuestro compromiso a la inclusión, asegurando que estos terrenos siguen siendo abiertos a todos. Sólo por adoptando hoy una postura firme – y reafirmando nuestro compromiso con los derechos de nuestros estudiantes, profesores y personal que no son ciudadanos – llegaremos realmente a honrarlos como a nuestros iguales.
El Consejo Editorial del Cavalier Daily está compuesto por el Editor Ejecutivo, el Editor Jefe, los dos Editores de Opinión, un Asociado Senior y un Columnista de Opinión. Se puede contactar con el consejo en eb@cavalierdaily.com.
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